Vivir en una comunidad de vecinos es, en cierto modo, como formar parte de una pequeña familia. Compartimos escaleras, ascensores, buzones, zonas comunes y, a veces, hasta cotilleos en el rellano. Pero como en cualquier familia, también pueden aparecer momentos un poco más incómodos, y uno de los más incómodos surge cuando algún vecino no puede (o no quiere) pagar su parte de los gastos comunitarios.
A partir de ahí, todo puede complicarse: cuentas que no cuadran, tensión en las juntas y la horrible sensación de que el equilibrio que antes reinaba se tambalea. Aquí la pregunta es: ¿qué pasa exactamente cuando esto ocurre, y cómo se puede manejar sin que la convivencia se rompa por completo?
Lo veremos a continuación.
La raíz del problema: ¿Por qué alguien deja de pagar?
Las deudas en una comunidad no siempre nacen de la mala fe. A veces, un simple despiste hace que un recibo quede sin pagar, y al mes siguiente se acumule con otro. En otras ocasiones, un vecino atraviesa un mal momento económico y prioriza otros pagos, dejando el de la comunidad para “cuando pueda”. También existe el caso de quien no se toma en serio la obligación de contribuir a los gastos comunes, pensando erróneamente que nadie le va a reclamar.
Sea como sea, lo cierto es que cada impago afecta a toda la comunidad de vecinos: si algo se estropea no se puede arreglar hasta que todos los vecinos pongan su parte, el mantenimiento del edificio en general se resiente y, si la situación se alarga, incluso los servicios básicos como la limpieza o la electricidad de las zonas comunes pueden peligrar.
Lo más delicado de estas situaciones es que, en cuanto se sabe quién es la persona que está contribuyendo a todo esto, la relación vecinal cambia. Surgen comentarios en voz baja, miradas de reojo y, en algunos casos, un distanciamiento que termina afectando al ambiente general.
Consecuencias en la convivencia y en lo legal.
Además de las consecuencias más lógicas que podemos imaginarnos cómo la “discriminación” de dicho vecino o incluso la aparición de peleas y exposición entre los mismos, la Ley de Propiedad Horizontal presenta consecuencias legales bastante claras: en primer lugar, la persona causante de impago puede perder su derecho a voto en las juntas hasta que regularice su situación, algo que a menudo pasa desapercibido pero que limita su capacidad de decisión en asuntos importantes. Además, la comunidad puede imponer intereses por demora, siempre que estén previstos en los estatutos, y que en algunos casos pueden llegar a ser bastante altos.
Pero más allá de lo que dice la ley, están las medidas que cada comunidad puede adoptar para incentivar el pago. Algunas eligen restringir temporalmente el uso de servicios no esenciales, como la piscina o el gimnasio (siempre que no se vulneren derechos básicos, claro). Es una forma de presionar, pero también puede crear resentimiento si no se gestiona con tacto.
De igual forma, si la situación se prolonga y las conversaciones amistosas no dan resultado, el siguiente paso suele ser acudir a la vía judicial. Aquí entra en juego el procedimiento monitorio, una herramienta legal que permite reclamar de manera ágil las cantidades adeudadas. Si el vecino no responde o no paga, el juzgado puede emitir un título que habilite a la comunidad a embargar bienes. Este escenario, aunque es bastante eficaz, se considera el último recurso, ya que no solo supone un buen gasto económico, sino que también puede romper del todo la relación vecinal.
Hay que tener en cuenta que, aunque la ley establece que estas deudas prescriben a los cinco años, este plazo puede interrumpirse en cuanto se realiza una reclamación formal o el deudor reconoce la deuda. Así que, si se actúa con rapidez, la comunidad tiene opciones para no perder el derecho a cobrar lo que le corresponde.
Prevenir mejor que curar.
Cuando surge una deuda, lo peor que puede hacer la comunidad es dejar que el tiempo pase sin tomar medidas. Cuanto más se acumule, más difícil será que el vecino pueda ponerse al día y más se resentirán las cuentas comunes. Por eso, lo más indicado es reaccionar en cuanto se detecta el primer impago, empezando siempre por la vía más cordial.
Para prevenir estos problemas, se puede proceder a enviar una carta o un correo electrónico, escrito con respeto y explicando la situación con claridad. De este modo, no se señala al vecino ni se le pone incómodo; más bien se le recuerda su obligación de pago para con la comunidad y se abre la puerta a posibles facilidades de pago. En muchos casos, una conversación franca y privada puede resolverlo todo antes de que llegue a mayores.
Sin embargo, si el impago persiste, la comunidad puede convocar una junta extraordinaria para decidir los siguientes pasos. En estas reuniones, es fundamental que el tono sea constructivo: no sirve de nada que se conviertan en un ajuste de cuentas. Cuanto más serena y organizada sea la reunión, más fácil será llegar a un acuerdo que todos puedan aceptar.
¿Qué ocurre cuando el impago afecta a propiedades compartidas?
En algunas comunidades, las deudas afectan a situaciones más complejas como las propiedades en proindiviso. Este término, que puede sonar muy técnico, significa que varias personas son dueñas de una misma propiedad sin que esté dividida físicamente. En estos casos, cada copropietario está obligado a asumir su parte proporcional de los gastos, y si uno no paga, el resto puede verse obligado a cubrir ese hueco.
Aquí, la cosa puede enredarse, porque la reclamación no se dirige a un único vecino, sino que involucra a varios titulares. En situaciones extremas, incluso puede llegar a solicitarse la división judicial de la cosa común, es decir, que un juez ordene su venta y reparta el dinero.
Esto es un paso drástico que no se da a la ligera, pero que a veces es la única forma de poner fin a la tensión.
Buscar soluciones que no rompan la convivencia.
Llegados a este punto, la gran pregunta es cómo solucionar el problema sin que la convivencia se resienta para siempre. Los abogados de DeProindivisos son claros: las mejores soluciones son aquellas que se aplican con discreción. Se debe proteger en todo momento la intimidad del vecino que tiene la deuda, para así poder evitar que todos los vecinos puedan “echársele” encima, básicamente.
¿Y cómo se trata este tema en privado? Pues de la forma más sencilla que nos podemos imaginar: lejos de pasillos y cotilleos. Si se negocia un plan de pagos, conviene que solo lo sepan las personas estrictamente necesarias, como el presidente o el administrador de fincas. También es recomendable evitar las notificaciones en lugares visibles, que puedan avergonzar al afectado o darle una imagen negativa ante los demás.
En casos más delicados, puede ser útil recurrir a un mediador que actúe como punto intermedio. La mediación, que además de ser más rápida y más económica que un juicio, se encarga de que las dos partes encuentren una solución adaptada a sus circunstancias, algo que suele resultar mucho más satisfactorio que una resolución impuesta por un juez.
Si, aun así, no queda otra que acudir a la vía judicial, es posible seguir actuando con discreción: evitar comentarios públicos sobre el proceso, no exponer datos personales más allá de lo estrictamente legal y mantener la calma en las juntas, por muy tensa que esté la situación.
Debemos ser humanos, ante todo.
La vida en comunidad no termina cuando se soluciona una deuda. Seguiremos cruzándonos en el ascensor, compartiendo descansillos y saludándonos al abrir la puerta. Por eso, el modo en que se gestione el problema marcará cómo será esa convivencia a partir de entonces. Una solución rápida pero humillante puede dejar cicatrices, mientras que un acuerdo discreto y respetuoso ayudará a que todo vuelva a la normalidad. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos, con nuestros problemas, nuestros sueños y nuestras dificultades: y cuando los problemas se manejan de forma empática y atenta, todo sale mucho mejor. Además, la imagen de la comunidad también permanecerá intacta y las relaciones vecinales acabarán en buen puerto.
Ahora que ya sabemos qué ocurre cuando surgen deudas en una comunidad de vecinos, también hemos aprendido cómo actuar: las deudas en una comunidad de vecinos son un problema real que puede afectar a todos, y aunque la ley ofrece herramientas eficaces para reclamarlas, la forma en que se utilicen marcará la diferencia entre un conflicto amargo y una solución satisfactoria para todos.
Vivir en comunidad significa compartir responsabilidades, pero también cuidar de las relaciones humanas que hacen que nuestro edificio sea algo más que un lugar donde dormir. Y aunque los impagos puedan ponerlo a prueba, con diálogo, respeto y un poco de empatía, es posible superarlos sin perder la armonía que todos deseamos.
¿Quién sabe si alguna vez, somos alguno de nosotros los que nos encontramos en dicha situación? ¡Es mejor ser comprensivo!
